La Reforma Judicial con perspectiva de género no es un anhelo ni una apuesta a futuro. Es una lucha que está en marcha y en permanente construcción. En estas líneas compartimos diagnósticos, hechos y propuestas para la transformación del Poder Judicial. Las trabajadoras judiciales, especialmente las organizadas sindicalmente, estamos construyendo una Justicia acorde a la realidad social actual.
C omo integrantes de la Comisión Directiva del Gremio de Judiciales, nos parece fundamental el debate en torno a la Reforma Judicial Feminista, que si bien está surgiendo con más fuerza en este último año, no es un debate nuevo para las trabajadoras de la justicia, quienes desde hace tiempo reclamamos una justicia con perspectiva de género y con inclusión de todas y todos.
Además, nos parece relevante proponer una mirada desde las trabajadoras organizadas de la justicia, organizadas en el Sindicato que nos nuclea, la Asociación Gremial de Empleados y Empleadas del Poder Judicial (AGEPJ). Es decir, cuál es nuestro rol como trabajadoras organizadas para discutir la reforma judicial. Qué proponemos desde los gremios, nuestra militancia y nuestras reivindicaciones, para transformar este sistema de justicia que tanto está en debate y bajo una mirada tan crítica.
“Si la lógica interna es verticalista, carece de empatía y es impermeable a las transformaciones sociales, la justicia que este sistema brinde no será dialoguista, no va a tener empatía y será distante”.
Creemos que si pensamos el sistema de justicia desde adentro, no solamente mejoramos nuestras condiciones laborales, con todos los beneficios que eso trae, tanto a nivel individual como a nivel social, sino que también va a generar una mejora en el servicio de administración de la justicia. Desde nuestras reivindicaciones se va a dar una mejora en la justicia, y por lo tanto un mejor sistema de justicia para toda la sociedad.
Partimos de la base: el Poder Judicial es una patronal que no discute en forma paritaria o igualitaria con sus trabajadores y trabajadoras nucleados a través del gremio. Tampoco acuerda convenios colectivos. Somos un sector de la fuerza de trabajo, del mundo del trabajo, que no cuenta con negociación colectiva, ni convenio colectivo. El Poder Judicial no se percibe en igualdad de condiciones, sino que está por encima de cualquier otra organización, en este caso el gremio. Entonces, si la lógica interna es verticalista, carece de empatía y es impermeable a las transformaciones sociales, la justicia que este sistema brinde no será dialoguista, no va a tener empatía y será distante. No va a haber una escucha real a las necesidades de quien llega a los estrados de Tribunales; y la lógica interna se reproduce hacia afuera, por lo cual necesitamos transformar esta lógica desde ambos lugares. Por eso decimos que nuestros aportes como trabajadoras organizadas van a ser importantes.
Nuestro diagnóstico
Estamos ante un Poder Judicial propio del siglo 19. Un Poder Judicial contrademocrático, no está elegido por nadie. Es un sistema endogámico, no rinde cuentas sobre el desempeño del trabajo. No hay una participación real de la sociedad, tanto en la elección, como en la remoción de los magistrados y las magistradas. Y tampoco durante todo el proceso. No hay una evaluación permanente de quienes, una vez seleccionados para los cargos jerárquicos, nunca más tienen instancias para demostrar los conocimientos suficientes para seguir desempeñando esa función. Estamos hablando de magistrados y magistradas que una vez que acceden al cargo pueden no actualizarse nunca más en la materia, cuando el derecho es permanentemente reformado. Esto hace que los cargos del Poder Judicial se vuelvan anquilosados. No hay oxigenación ni actualización, tanto de las personas como del conocimiento.
Ante esto hay una acción gremial para transformar, es un debate tanto en la Federación Judicial Argentina como en la Intersindical de Mujeres ya que no podemos discutir reforma judicial si no estamos hablando también con las trabajadoras. El movimiento de mujeres viene interpelando al Poder Judicial, desde la organización sindical y desde los movimientos de mujeres en general. Se viene interpelando con la necesidad de transformar esta institución.
El movimiento de mujeres viene a traer aportes nuevos al debate. Por un lado, la idea de construir una ingeniería institucional del seguimiento: ¿qué pasa con esa mujer que llega a hacer una denuncia de violencia? Hay ahí una batería de situaciones y recorridos interminables y una peregrinación de esta persona, que desde adentro del Poder Judicial no se sigue. No se continúa, no hay una intervención homogénea, sistemática de ese caso particular. Nosotras proponemos que tiene que ser abordado de otra manera. Con un seguimiento institucional serio. El Poder Judicial tiene que saber qué pasó con esa persona que fue a denunciar ¿Se la acompañó, se la asesoró?
Otra cuestión es la desarticulación que existe, tanto interna como externa al Poder Judicial. Se aborda una misma problemática desde distintos jueces, con distintos funcionarios, hasta a veces con criterios distintos; muy dispares. Una sola ley, pero miles de interpretaciones. Entonces se necesita un trabajo más articulado, interno y externo. El Poder Judicial, cada vez que tiene que articular con alguien externo, lo hace a través de órdenes. Y esa estructura que es jerárquica no colabora con articular. Articular más y mejor, y de forma horizontal. Romper con la idea de la autosuficiencia del Poder Judicial, que está básicamente anclado en el concepto del derecho. El derecho no es la solución a todos nuestros males como sociedad. Y eso genera que otras disciplinas, sumamente necesarias y útiles, sean dejadas de lado o puestas en un lugar auxiliar. Hay que darle lugar a estas disciplinas que enriquecen la forma de abordar la problemática. La necesidad de la empatía, el reconocimiento del otro o la otra. Por ejemplo, el lenguaje claro es una de las grandes herramientas que se está discutiendo. No hay nada que genere más distancia que el lenguaje jurídico.
Y los conceptos de deconstrucción, construcción, reconstrucción, la idea de que “lo dado” no tiene que ser siempre así. También se lo puede transformar, se lo puede cambiar, sobre todo cuando no está dando una respuesta para el objetivo por el cual fue creado. Hoy el Poder Judicial no está dando una respuesta a los conflictos sociales del siglo 21. Por lo tanto, la necesidad de mirar para adelante y volver a construirnos es un gran aporte –especialmente– del discurso feminista.
Cuatro ejes para pensar la Reforma Judicial
Capacitación y sensibilización. No es solo para quienes estamos dentro del Poder Judicial, sino que la idea de comprender al derecho o a la disciplina que hagamos desde una mirada de género, tiene que venir de mucho antes de ingresar al Poder Judicial. Antes de rendir ese concurso. La Universidad debe asumir un rol fundamental. Desde la misma facultad se tiene que generar una formación ori- ginaria, primaria, en relación al derecho desde esta mirada. También en los colegios de profesionales. El abogado o la abogada litigante y todas las demás profesiones que intervienen en la administración de la justicia, tienen que tener una mirada con perspectiva de género en el momento de asesorar, de intervenir, en el momento de pedir determinadas acciones al Poder Judicial. Tienen que tener una capacitación obligatoria al momento de sacar su respectiva matrícula. Así también. tanto el examen de ingreso al Poder Judicial como los concursos jerárquicos internos, indefectiblemente deben contar en sus temarios obligatorios los aspectos referidos a interpretar el derecho y las demás disciplinas desde una mirada de género.
El movimiento de mujeres viene interpelando al Poder Judicial, desde la organización sindical y desde los movimientos de mujeres en general. Se viene interpelando con la necesidad de transformar esta institución.
Los procesos de selección, remoción y duración. ¿Quiénes eligen a los jueces y las juezas? ¿Bajo qué criterios, qué es lo que se meritúa? ¿Cuáles son los antecedentes que tienen mayor peso a la hora de la confección de los órdenes de mérito? ¿Por qué los trabajadores y las trabajadoras judiciales no tenemos ninguna participación en esa selección, con la Magistratura particularmente? ¿Cuáles son las causales de remoción? ¿Cuánto duran los jueces en sus cargos? Volver a discutir esa duración cuasi vitalicia. Qué hay detrás de eso y por qué no ponerlo sobre la mesa y volverlo a discutir.
La composición del Poder Judicial y la brecha de género existente es un punto importante, porque nuestro rol allí es fundamental.
En relación a la composición y brecha del Poder Judicial, tenemos un mapa (la fuente es la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia, hecho en 2020) dividido por provincias y a nivel federal que nos muestra cómo está compuesto el Poder Judicial. En la parte inferior de la pirámide tenemos mayor cantidad de mujeres, es decir que tenemos una planta hiper feminizada, y en los cargos jerárquicos y de conducción son mayoritariamente varones. Varía según las provincias, por ejemplo Córdoba tiene un Tribunal de Justicia bastante equitativo, pero esto no se replica en los cargos de magistrados y de ahí para abajo es mayoritariamente femenino. Esto nos muestra un organigrama donde tenemos un 70% de planta femenina en los cargos inferiores y solo un 30% en los cargos superiores dejando a la vista las consecuencias de lo que llamamos la división sexual del trabajo, techo de cristal y suelo pegajoso, y la distribución desigual en las tareas de cuidado que indudablemente impacta en el mundo laboral.
No es casualidad que haya determinados fueros que están compuestos mayoritariamente por mujeres y otros por varones. Los estereotipos de género que nos dominan en la sociedad necesariamente se ven reflejados dentro de la estructura judicial. Fuero de familia, fuero de violencia: tema de mujeres. Fuero penal, fuero económico, fuero administrativo: fuero de varones. Eso se ve claramente y en los equipos técnicos aún más. Más del 80% de los equipos técnicos están compuestos por mujeres, pero los cargos de dirección son ejercidos en su mayoría por varones. O sea, tenemos un equipo que son 10 mujeres y el coordinador es varón. ¿Cuáles son las tareas de las mujeres y cuáles son las tareas de los varones? ¿La tarea del varón es conducir?
Techo de cristal y suelo pegajoso, es lo que conocemos como aquellas barreras invisibles que hacen que no se llegue a los cargos de dirección; pero nosotras sí sabemos cuáles son esas barreras. Tiene que ver, entre muchas otras cosas, con la distribución desigual de las tareas de cuidado. Las mujeres del Poder Judicial no son mujeres distintas al resto de la sociedad. Son mujeres que en su mayoría son madres o tienen otras responsabilidades domésticas que no son compartidas en forma igualitaria con los varones. Entonces esto necesariamente se ve reflejado al momento de los antecedentes en la formación, con las inasistencias por licencias de cuidado, al momento de rendir, al momento de una entrevista. No es lo mismo tener más disponibilidad horaria, tener más tiempo de capacitación, que no tenerlo.
Nosotras hacemos hincapié en que el Estado no puede ser solamente observador con esta situación. No puede ser que el Estado solamente lo describa a través de gráficos. El Estado y el Poder Judicial tienen que, necesariamente, tomar cartas en el asunto y generar políticas positivas para revertir esta situación. Nuestro rol como sindicatos es fun damental, porque es donde nos tenemos que sentar en igualdad de condiciones para discutir. ¿Discutir qué? Las licencias, pero no es licencia por maternidad/ paternidad y nada más. Lo que se está discutiendo a nivel nacional es la licencia única, sin distinguir los modelos familiares que son multiples. ¿Cómo hacemos para que todos y todas cuidemos o seamos responsables de los cuidados domésticos, ya sea de hijos, hijas, de personas mayores, del núcleo familiar que se trate (porque todas las familias son distintas). ¿Cómo se hace para que el Estado promueva una distribución más igualitaria? Nosotras vamos tras una licencia única que pueda ser usada por los progenitores y que además refuerce el derecho de los niños y las niñas de ser cuidados por sus progenitores, sin distinción de género.
La idea de las guarderías es una política importante que debería cumplir el Poder Judicial y no lo cumple. Hay ordenamientos internacionales que obligan a los empleadores, que al tener tanta cantidad de mujeres (otra vez vinculando la idea del cuidado como exigencia de mujeres) tiene que tener guarderías, o de alguna manera contribuir con compensar el cuidado externo de los hijos y de las hijas, por ejemplo con subsidios para costear el trabajo doméstico remunerado o las guarderías. Y los lactarios también es otra de las herramientas para equilibrar el rol laboral con el rol de cuidados. La pandemia vino a agudizar estas situaciones tan complejas y, nuevamente, por parte del Poder Judicial en su rol como empleador, hubo una mirada carente o ausente de una perspectiva de género. La respuesta que recibimos fue que lo que hacen las miles de trabajadoras no era “su problema”. Y nosotras salimos a decir: “Sí, es tu problema”, porque es un problema estructural y social. Y como patronal tienen que dar respuestas positivas frente a esto.
Violencia laboral y de género
Creemos que los ejes de violencia laboral y de género dentro del Poder Judicial hacen también a una transformación judicial feminista. En Córdoba, los casos de violencia laboral y de género son fuertes, dramáticos y estructurales, y la respuesta que la institución daba estaba anclada en lo individual; haciendo responsable a la persona afectada en la mayoría de los casos y minimizando los efectos adversos que estas situaciones acarrean sobre la salud de los trabajadores/as. En ese sentido, como gremio venimos a proponer el camino más largo y difícil; pero el que creemos más interesante y transformador: que el Poder Judicial se pueda mirar a sí mismo. Entendemos que la violencia laboral y de género responde a un diseño institucional que favorece o fortalece ciertas conductas.
Como gremio planteamos que estos casos individuales se corresponden a una estructura que hay que modificar. En ese marco, en 2019 empezamos a recuperar casos anteriores y experiencias que el sindicato tenía desde hace mucho tiempo. Y posicionando al sindicato no solo como un espacio de contención, escucha y asesoramiento, sino de tramitación de las denuncias. Luego de varias campañas de visibilización y sensibilización sobre la temática, creamos con compañeras judicialas, una propuesta de protocolo de prevención y abordaje de la violencia laboral y de género que hoy finalmente tenemos aprobado por el Tribunal Superior de Justicia constituyéndonos como uno de los primeros poderes del Estado en contar con esta gran herramienta.
Teníamos muchas denuncias y necesitábamos tramitarlas con un mecanismo que no pusiera el foco en la persona, que no hiciera eje en las causales individuales y que no estigmatizara a la persona. Sino que pensara en las transformaciones estructurales que son necesarias hacia adentro del Poder Judicial.
Propusimos este protocolo de trabajo que previera un control externo. Es decir, que el Poder Judicial, como forma de oxigenarse, debe incluir en sus estructuras institucionales mecanismos externos de revisión. Para eso se crea un observatorio que monitoree la situación y que además haga diagnósticos. Que sea autónomo y tenga otra forma de selección, independiente del propio estamento del Poder Judicial. Con criterios de confidencialidad y perspectiva de género.
Otro conquista colectiva fue la construcción de inicio de alarmas, desde la propia experiencia de las compañeras. Porque insistimos que la problemática de la violencia de laboral y de género no es individual y entendemos que hay mecanismos que favorecen estas conductas. Entonces le mostramos al Poder Judicial que la violencia la podía medir y la podía prever, pensando los momentos sensibles a la hora de la vuelta de una licencia por maternidad; o identificando aquellas oficinas en donde existían demasiados pedidos de pase o demasiadas carpetas psiquiátricas, entendiendo que hay algunos trabajos más sensibles que otros, como el trabajo nocturno, el trabajo con policías, el trabajo en la calle de los cuerpos operativos, el trabajo en condiciones precarias como las unidades judicials, o aquellos sectores –como los juzgados de violencia familiar o las unidades judiciales mismas– que tienen una alta cantidad de personal contratado; donde la posibilidad de reivindicar sus propios derechos está fragmentada por la posibilidad de perder el trabajo.
Se propuso una articulación con distintas áreas, comenzando en una asamblea en el 2019, en el marco del 8 de marzo. Luego, a lo largo del 2020 estuvimos trabajando como gremio en una propuesta de protocolo junto a muchos otros estamentos del Poder Judicial y que desde el pasado mes de agosto ya se encuentra en vigencia, aprobado por el TSJ.
También se dio la capacitación de la Ley Micaela, entendiendo que esta ley no es un punto de llegada, sino un lugar necesario para poner a jugar ciertos conceptos básicos, pero a partir de los cuales se tienen que hacer capacitaciones específicas y revisadas. Sabemos que algunas devoluciones, más que nada en el sector de magistrados y funcionarios, han sido dramáticas en términos de expresiones machistas o de desacuerdos con los nuevos paradigmas. El Poder Judicial tiene que hacerse cargo de eso y seguir trabajando, seguir proponiendo y deconstruir conceptos estereotipados y trabajar sobre nuevas masculinidades. Hay muchísimas aristas que el Poder Judicial como patronal debe poder enfrentar en esta tarea de capacitación y sensibilización.
“La violencia de género es un problema multicausal que está atravesado por razones económicas, históricas, políticas, culturales que garantizan la desigualdad de la mujer, de las disidencias sexuales y de los niños y las niñas en la sociedad”.
Pensar el acceso a la justicia
Este año las trabajadoras judiciales nos vimos fuertemente interpeladas por la sociedad. Una vez más exigiendo una respuesta mejor y más eficiente a un problema del que Córdoba tampoco era la excepción. El 8 de marzo, Córdoba lideraba tristemente las estadísticas de violencia de género en el país. En ese sentido, nos sentamos a trabajar un diagnóstico sobre lo que sucede dentro del Poder Judicial en este doble juego: hacia afuera y hacia adentro. Y la idea no es ofrecer soluciones cortoplacistas, ni mágicas, sino encarar procesos. No somos un movimiento feminista que piense a lo punitivista como única herramienta.
Entendemos que la violencia de género es un problema multicausal que está atravesado por razones económicas, históricas, políticas, culturales que garantizan desigualdad de la mujer, de las disidencias sexuales y de los niños y las niñas en la sociedad. Y la respuesta que pueda dar el Poder Judicial sea solo anclada en el derecho, poniendo la clave en el derecho penal, lógicamente va a ser insuficiente. Si hay un problema que tiene muchos componentes, y solo se responde con uno y con uno muy específico, difícilmente se va a estar dando en la tecla de la solución.
El Poder Judicial hoy está anclado en la etapa de la denuncia para abordar este tema. Hay un fuerte acento en la recepción de la denuncia. Pero a su vez, la recepción de la denuncia es deficitaria. Y ahí como trabajadoras y sindicato, tenemos mucho para decir. Son los compañeros y las compañeras de las unidades judiciales, que trabajan en condiciones edilicias y laborales precarizadas; son los compañeros y compañeras de los juzgados de violencia familiar que reciben más de mil denuncias por turno; para tramitar casos complejos. Son los compañeros y las compañeras de la defensa pública, que no tienen autonomía institucional, ni recursos suficientes para hacer buenos diagnósticos y seguimientos, con los que responder a esta acuciante problemática. Hay una sobrecarga de trabajo, poco personal, y a su vez, un precario diseño que está compuesto por compañeros y compañeras contratadas.
Es necesario que el Poder Judicial, como poder público, piense un diseño institucional diferente. Y ese diseño institucional tiene que anclarse en una lógica y una ingeniería de seguimiento particular. Lo que hoy tenemos no sirve, o deja mucho que desear. Nosotras reclamamos que la mirada que el Poder Judicial le da al conflicto, anclada en el derecho, y anclada en el derecho penal, desatiende otras disciplinas que son mucho más importantes a la hora de abordar este conflicto. Los equipos técnicos no son considerados debidamente. Está escrito en la Orgánica: son servicios auxiliares de justicia. Esto pone al juez o al fiscal que tiene que decidir en un rol superior; tanto disciplinar como institucionalmente. Es el juez o el fiscal el que le dice al equipo técnico qué hacer. Es el que opina sobre sus conclusiones periciales, pero a su vez institucionalmente es el equipo técnico el que tiene menos peso o menos fortaleza institucional a la hora de posicionarse.
Por un lado no hay una organización interna del Poder Judicial, que mire y haga un seguimiento sobre qué pasa con esa denuncia, o qué pasa con esa persona que denuncia. Y por otro lado, aquellos que tienen la capacidad de complejizar la mirada, que son los Equipos Técnicos, tienen herramientas institucionales precarias ya que son uno de los sectores donde es más visible el techo de cristal que existe dentro del Poder Judicial.
Son disciplinas altamente pobladas por compañeras mujeres, pero sus cargos de coordinación, que no son concursados –a diferencia de la gran mayoría de los cargos de coordinación– los ocupan varones. Que además detentan disciplinas masculinizadas, son médicos o psiquiatras que mandan a trabajadoras sociales y a psicólogas.
Para nosotras el juego del hacia adentro y hacia afuera, permite visibilizar las reales necesidades a la hora de encarar una transformación del Poder Judicial con perspectiva de género.
Sí tenemos para decir, porque entendemos que la justicia es con nosotras y el sindicalismo es con nosotras. Que la revisión en clave de igualdad, la democratización con perspectiva de género, no solo es para el Poder Judicial, sino que es para todos los actores que la componemos; entre ellos los gremios. Y hoy más que nunca lo podemos decir, después de tristes declaraciones de referentes de la CGT a nivel nacional. Porque entendemos que si somos los gremios –y principalmente los gremios judiciales– quienes queremos encarar esta discusión, tenemos que transformar en clave de igualdad, con perspectiva de género y de democratización. También las asociaciones de magistrados y funcionarios, los colegios profesionales, la universidad y aquellas asociaciones civiles que trabajen en la temática.
Es necesario que el sindicalismo incluya la mirada de las mujeres sindicalistas. Porque hemos demostrado que somos capaces de unirnos y nuclearnos con todas las centrales. Revitalizar al Movimiento Obrero y salir a decir contundentemente que nosotras queremos igualdad.
La Justicia es con nosotras. El sindicalismo es con nosotras. Las mujeres estamos militando en los gremios y los estamos transformando. Y en el gremio judicial también estamos transformando el Poder Judicial en clave de igualdad.
