Escenarios y deudas en una Argentina desigual

La sanción de la Ley de Teletrabajo es resultado de una lectura atenta acerca de las oportunidades abiertas a partir del escenario de pandemia, que aceleró la virtualización de los procesos de trabajo. Pero por otra parte, atiende a la realidad y perspectivas de un mundo del trabajo atravesado por fuertes transformaciones, y especialmente deteriorado como consecuencia de las políticas económicas de los últimos años.

E l diseño de normas para actualizar los marcos regulatorios de las relaciones laborales, requiere de un pensamiento situado más allá del entramado jurídico propio de un contexto determinado. En ese sentido, la comprensión de las políticas laborales –y de los instrumentos normativos que las sustentan– requiere además dar cuenta de los escenarios económicos internacionales y la orientación económica y política de los gobiernos nacionales. Asimismo, es fundamental considerar las relaciones de solidaridad y/o tensión entre los instrumentos de política laboral y las políticas sociales –en la medida en que ambas suponen intervenciones del Estado orientadas a configurar las formas de producción y reproducción de la vida de los miembros de la sociedad–, así como también con las políticas económicas. Como indican Becerra y Tomatis (2015), diferentes regímenes sociales de acumulación suponen una particular forma de articulación e interacción entre las políticas sociales, laborales y económicas, en el marco de una determinada configuración del Estado. En este sentido, las políticas laborales resultan una pieza clave de un entramado conformado por mecanismos de intervención y control social, pero también de políticas que definen los escenarios en los que se despliega la acción del Estado.

Desde esta perspectiva, una clave de la recuperación de los niveles de vida en la Argentina durante la primera década del siglo XXI se encuentra en la instalación de las políticas laborales como centro del proyecto de inclusión social y producción de ciudadanía. La extensión de la negociación colectiva y la fijación de aumentos al salario mínimo, la inspección del trabajo y las políticas de capacitación y formación profesional, las políticas de protección del trabajo de las mujeres, tuvieron un fuerte impacto sobre las condiciones de trabajo y los salarios (Trajtenberg, 2016). En un contexto de crecimiento económico se recuperaron los niveles de empleo, cayó la rotación de la fuerza de trabajo y se registró un incremento del ingreso promedio del salario[1]El salario mínimo se triplicó en términos reales entre 2003 y 2010. En este período, además, este crecimiento se acompañó de un descenso en los niveles de desigualdad, que se redujo un 17% … Leer + (Cortés, 2013; Beccaria y Maurizio, 2013).

La extensión de la negociación colectiva y la fijación de aumentos al salario mínimo, la inspección del trabajo y las políticas de capacitación y formación profesional, las políticas de protección del trabajo de las mujeres, tuvieron un fuerte impacto sobre las condiciones de trabajo y los salarios (2003-2010).

Desde 2016, un rotundo cambio de sentido en las políticas económicas –desregulación del mercado de capitales, liberalización de las tasas de interés, reducción de las retenciones a las exportaciones, dolarización de tarifas de servicios públicos, desregulación del mercado energético y un fuerte control de la emisión monetaria– configuró un nuevo modelo que prometía crecimiento y control de la inflación. Sin embargo, hacia fines de 2019, la mayoría de los indicadores socioeconómicos evidenciaban los complejos resultados de este proyecto: recesión, crecimiento de la pobreza y la desocupación, concentración de la riqueza[2]Según informe del CELS (2019), la desigualdad en la distribución del ingreso se incrementó hasta alcanzar valores históricos: el 10% de quienes tienen mayores ingresos gana 21 veces más que el … Leer +, y el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento que puso en jaque las finanzas públicas.

En el plano laboral, es posible identificar tres consecuencias centrales de las políticas adoptadas durante este período. En primer lugar, la pérdida del poder adquisitivo del salario, resultado de una política de virtual congelamiento de las negociaciones paritarias, con la fijación oficial de un “techo” para la negociación por debajo de la inflación real y la caída del salario mínimo. Entre noviembre de 2015 y fines de 2019 el salario real acumuló una baja del 18,5%, lo que –junto con las elevadas tasas de inflación durante esta etapa– explica en buena medida el aumento de la pobreza. En efecto, según datos de INDEC para mediados de 2019, 16 millones de argentinos se encontraban por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 3,6 millones eran indigentes, lo que supone un incremento de la pobreza del 35% en los cuatro años.

En segundo lugar, la desocupación y el aumento de la informalidad y precariedad laboral aparecen como expresiones del deterioro del mercado de trabajo en esta etapa, reinstalando el problema del empleo como asunto de primer orden. Entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2019, la desocupación pasó del 5,9% al 9,7%, mientras que la subocupación se incrementó del 8,6% al 12,8%. Junto con la destrucción del empleo privado –y principalmente en las ramas que registran las mejores condiciones de trabajo (CEPAL, 2016)–, se registró un aumento de los puestos asalariados informales y empleos no asalariados (autónomos, monotributistas, etc.)[3]Informe “Situación y evolución del total de trabajadores registrados – enero 2017”. MTEySS de la Nación., profundizando la tendencia hacia la precarización laboral. En cuanto a la situación de jubilaciones y pensiones, la caída registrada fue de entre el 7% y el 20% en los últimos cuatro años. El haber mínimo terminó con una reducción del 19,3% en términos reales, mientras que la jubilación promedio cayó un 8,9% real.

En tercer lugar, la desinstitucionalización y desregulación de las relaciones laborales, con la consecuente pérdida de derechos para las y los trabajadores, se consolidó como estrategia para otorgar flexibilidad y dinamismo al mercado laboral. La propuesta se sostuvo sobre cuatro pilares: el ataque a los sindicatos, junto con la deslegitimación de la acción sindical y de la litigiosidad en el fuero laboral; la liberalización de las relaciones laborales y la descentralización de la negociación; la reducción de impuestos vinculados con la contratación de personal, y la flexibilización de las condiciones de contratación para garantizar la elasticidad del mercado de trabajo.

Una consideración especial merece la situación particular de las mujeres en este escenario. Durante los años del macrismo, la diferencia en el ingreso medio de varones y mujeres se incrementó en un 25%. Según datos de la EPH para 2019, en el 10% de la población más pobre, el 70% son mujeres, lo que profundiza el fenómeno de “feminización de la pobreza”. A la inversa: en la población más rica, 7 de cada 10 son varones. En el 60% de los hogares monoparentales del segmento más pobre de la población, la jefatura está a cargo de una mujer. Sin embargo, aun con el incremento de estas desigualdades y frente al aumento de la violencia de género en los últimos años, los presupuestos del Instituto Nacional de las Mujeres y de los programas socioeconómicos destinados a esta población se redujeron entre 2015 y 2019. Por otra parte, se suspendieron las moratorias previsionales, que habían permitido el acceso a la cobertura de mujeres cuya vida estuvo dedicada al cuidado de otros y que, en muchos casos, sólo accedió a puestos de trabajo informales o de manera interrumpida en función de sus ocupaciones domésticas.

En el contexto de crisis económica desatada como resultado de las políticas implementadas, el FMI acudió en 2018 con un “rescate” de unos 57 mil millones de dólares[4]Del total del acuerdo, el último desembolso por 11 mil millones de dólares fue rechazado por el presidente Alberto Fernández, por lo que el préstamo total fue de 45 mil millones. que –como ya es habitual en las relaciones de los países dependientes con los organismos internacionales–, se concedió a cambio de un estricto programa de recortes en la inversión pública y el llamado “gasto social”. En el plano de la organización del Estado, dos meses antes del anuncio del acuerdo con el FMI ya se había dispuesto la eliminación de los Ministerios de Trabajo, Salud, Cultura, Turismo y Ambiente, Ciencia y Tecnología, Energía, Agroindustria y Desarrollo Sustentable, lo que implicó una drástica reducción de los presupuestos de estas áreas así como de las capacidades estatales para garantizar los derechos sociales.

Por otra parte, el incremento de la deuda –que en relación al PBI pasó de representar el 52,5% en 2015 a casi el 92% en 2019– se instaló como un condicionamiento estructural para el crecimiento económico y las políticas de redistribución. En ese sentido, el reciente acuerdo alcanzado por el Ministro Guzmán con los acreedores privados internacionales –que incrementaron su participación relativa en la deuda argentina–, implica un nuevo horizonte de viabilidad para el proyecto de recuperación socioeconómica de nuestro país.

“La invisibilización y subordinación –material y simbólica– del trabajo de cuidados, así como su inequitativa distribución tanto dentro como entre los hogares y, también, entre los diferentes sectores sociales responsables del cuidado (Estado, mercado, familias y comunidad), constituyen un nudo gordiano de la desigualdad social.”

En los últimos años, algunas investigaciones avanzan en el análisis sobre el funcionamiento de la deuda, no sólo como mecanismo de subordinación y control de las economías –y los procesos políticos– de los países emergentes, sino también como estrategia de captura de recursos provenientes del trabajo no remunerado, masivamente a cargo de las mujeres. En el mismo sentido, proponen repensar el problema de la deuda no sólo en el plano de las finanzas públicas, sino también en clave del endeudamiento de los hogares, de las economías domésticas. Entre 2017 y 2018 Anses entregó 7 millones de créditos a familias de bajos ingresos, en su mayoría beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo –en un 90% percibida por mujeres–. El incremento de las tasas de interés de estos créditos, destinados a cubrir los consumos básicos de los hogares, convirtió al endeudamiento en una “necesidad básica”. Otros mecanismos de endeudamiento que ahogan las economías domésticas, como los créditos hipotecarios indexados por UVA y las tarjetas de crédito con cuotas subsidiadas, apuntan a la misma conclusión: en el contexto de un capitalismo financiarizado, la participación en el mercado de capitales y créditos se convierte en un indicador de la incorporación –desigual– a la estructura social, y a la vez en un factor de desigualación que, una vez más, golpea con más fuerza a las mujeres. El horizonte de “inclusión financiera” de las mujeres –propuesto en la cumbre Women20 en Argentina como estrategia de empoderamiento femenino–, revela su verdadero rostro: las mujeres pobres no se convirtieron en emprendedoras, sino en deudoras.

La irrupción del Covid-19: nuevos problemas, viejas tendencias

A comienzos de este 2020, desde diversos sectores comenzaron a delinearse propuestas orientadas a reactivar la economía sobre la base de la producción nacional y la dinamización del consumo interno, superar la recesión, atender a los sectores más empobrecidos y mejorar las condiciones del conjunto de la clase trabajadora. En ese marco, la necesidad de actualizar y reformar los marcos normativos que regulan las relaciones laborales –sosteniendo sin matices el sentido protectorio de los derechos que propone la Ley de Contrato de Trabajo–, volvió a instalarse en la agenda pública.

Estos debates resultaron truncados por la desoladora irrupción del COVID-19, que a nivel mundial trastocó las economías y las dinámicas laborales y sociales. A partir de la declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en marzo, un conjunto de nuevos problemas –el freno a la producción, las suspensiones y despidos, la falta de acceso a la alimentación, el sostenimiento de los procesos educativos, entre muchos otros– debieron ser atendidos de modo inmediato. Sin embargo, junto con estas situaciones resultantes de un escenario de excepcionalidad, se hicieron evidentes otros problemas de más largo alcance que desde hace décadas vienen imponiendo límites estructurales a las políticas de crecimiento con inclusión.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 puso en escena, por un lado, la precariedad de los sistemas de salud y las persistentes desigualdades en cuanto a su accesibilidad y calidad, y colocó a los cuidados como una dimensión insoslayable de la vida social. En estos meses, se comprobó el peso que el acceso a este derecho –el cuidado de la salud en un sentido integral, el cuidado de la primera infancia, el cuidado de las personas enfermas, con discapacidad o que por su edad lo requieren–, tiene en la generación y reproducción de las desigualdades. La invisibilización y subordinación –material y simbólica– del trabajo de cuidados, así como su inequitativa distribución tanto dentro como entre los hogares y, también, entre los diferentes sectores sociales responsables del cuidado (Estado, mercado, familias y comunidad), constituyen un nudo gordiano de la desigualdad social. En el contexto de pandemia, y junto con las diversas formas de virtualización de los trabajos como respuesta a las medidas de aislamiento, se operó una radical familiarización de los cuidados que está recayendo especialmente sobre el cuerpo y el tiempo de las mujeres.

Por otro lado, la fragmentación del mercado de trabajo se evidencia en profundas brechas entre sectores de trabajadores formales amparados por leyes y convenios, sectores de trabajadores precarizados, tercerizados, con una débil representación sindical, y por último sectores de trabajadores informales y de la economía popular. Esta estructuración no fue conmovida incluso durante el período de la posconvertibilidad, en el contexto de un significativo crecimiento del empleo y de la ampliación de los mecanismos de protección del trabajo. En este sentido, repensar el concepto y las formas del trabajo, actualizar los marcos regulatorios para incorporar a sectores y actividades que hoy carecen de normativas protectorias, y reducir las brechas en un mercado de trabajo altamente segmentado, aparecen como deudas que –aún en los difíciles tiempos que nos toca transitar– deben ser asumidas con urgencia.