El poder económico se ha apoderado -a través de las urnas- del Estado para profundizar su endeudamiento externo. Y garantizar una serie de medidas que solo benefician a las empresas multinacionales y a las potencias extranjeras: apertura comercial con exportación de manufacturas e importación de productos con valor agregado; mientras los recursos naturales se entregan disfrazados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con jugosas “facilidades” para empresas multinacionales. Los derechos laborales consagrados hace décadas por Convenciones internacionales, la Constitución Nacional y por distintas Leyes, Resoluciones y Acordadas se han visto avasallados por decretos del Presidente y, siempre, para beneficiar a las patronales y en perjuicio de las y los trabajadores. Esos cambios en las legislaciones son parte del acuerdo firmado con el FMI: el préstamo en efectivo de la divisa estadounidense estuvo, está y estará condicionado a las directivas que el organismo que presta impone.
El achicamiento del estado, la nula inversión y la falta de plan de desarrollo implica que las rutas nacionales están cada vez más deterioradas; los programas nacionales de salud o de educación dejaron de existir y de enviar sus insumos; y los estados provinciales dejaron de recibir muchas de los recursos que ya estaban destinados a las políticas. Todo repercute en desmedro de los trabajos y de los derechos que el estado debe garantizar: allí donde el mercado no estará por la baja rentabilidad.
El Poder Judicial no es ajeno a esta situación: por el déficit económico para salarios, que derivan en el funcionamiento inadecuado del servicio de justicia. Y en la cada vez menor legitimidad que la Justicia tiene entre la mayoría de la población: es lenta, es cara y es cruel. Desde la Corte Suprema de Justicia hasta el TSJ provincial fallos y resoluciones polémicas, anticonstitucionales y fuera de toda lógica democrática se acumulan frente a una sociedad que ve cada vez más lejana la posibilidad de acceder a la justicia. Sin trabajadoras y trabajadores bien remunerados, capacitados y con una carrera a futuro no se puede garantizar la Justicia para el pueblo.
Las y los Judiciales de Córdoba venimos demostrando con unidad que la lucha nos posibilita avanzar en nuestros reclamos y beneficios. Y que la organización nos permite mejorar nuestra herramienta gremial. Ésta nueva edición de ENTRELÍNEAS es un nuevo ejemplo de que nuestro gremio trabaja y es protagonista de las luchas porque tiene sus raíces en los pasillos de los Tribunales, en cada Sede y en cada Oficina. Mientras atravesamos un grave y extenso conflicto salarial, seguimos produciendo conocimiento y propuestas para reflexionar sobre nuestro trabajo cotidiano. Celebramos que más afiliadas y afiliados se sumen a nuestras producciones editoriales con sus trabajos originales y surgidos de la experiencia judicial.
Federico Cortelletti.
Sec. General AGEPJ y CGT Córdoba
Sec. Adjunto FJA
